El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó a Estados Unidos. Se reunió con funcionarios del FBI. El objetivo fue claro: entregar información para identificar a presuntos testaferros.
Según el propio alcalde, esos testaferros habrían sacado de Colombia dinero de la corrupción en la capital antioqueña. La cifra no es menor. La auditoría forense en curso desde 2024 ya suma 666 hallazgos.
«Entregué nombres de personas, empresas y direcciones de quienes servirían hoy como testaferros, presuntamente, de la corrupción que generaron en Medellín el Clan Quintero o el GDO Los Hermanitos Q», dijo Gutiérrez.
El alcalde señaló una ruta concreta. Los recursos habrían salido primero de Colombia hacia Panamá. Luego, presuntamente, se habrían legalizado con firmas en Miami.
Gutiérrez pidió que las autoridades estadounidenses investiguen. Dijo que la misma información detallada la tendrá la Fiscalía General de la Nación. «Que caigan todos esos corruptos», añadió.
El encuentro ocurre en un momento particular de la política exterior. El alcalde aprovechó ese ambiente para pedir a las agencias de Estados Unidos que se sumen a las pesquisas sobre el cuatrienio pasado en Medellín.
Que no te lo cuenten como un simple trámite diplomático. Aquí hay algo más de fondo: plata pública que, según los indicios recogidos, terminó blanqueada en el sistema financiero de otro país mientras en Medellín se pagaban impuestos y se sufrían los recortes de servicios que esa corrupción habría dejado.
El relato de la impunidad se cae cuando hay nombres, empresas y direcciones sobre la mesa. Que un alcalde busque ayuda internacional para rastrear una ruta de lavado —Colombia, Panamá, Miami— es exactamente lo que exige la defensa de la propiedad y el dinero de los contribuyentes: no basta con denunciar la corrupción en el discurso, hay que perseguirla con instrumentos reales, cruzando fronteras si es necesario.
Queda por ver si la Fiscalía colombiana actúa con la misma celeridad que muestra el alcalde ante el FBI. La experiencia con la casta política del país enseña que el papel aguanta cualquier promesa. Los hechos, en cambio, se miden en capturas y bienes recuperados, no en viajes ni en ruedas de prensa.
