Una escalera. Eso bastó para destapar el problema.
Un video viral mostró la modificación de una escalera dentro de un apartamento del edificio Altos de Santana, en Usaquén. La obra fue diseñada por Rogelio Salmona, arquitecto colombo-francés. El inmueble está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2010, mediante la Resolución 2043.
Esa declaratoria no es simbólica. Implica que la vivienda no puede tocarse como cualquier otra propiedad privada. Cualquier cambio requiere autorización de las autoridades competentes.
Según la Fundación Rogelio Salmona, eso no ocurrió. Su presidenta, María Elvira Madriñán, cuestionó la intervención y la forma en que fue presentada al público. «La destrucción no es un logro», advirtió la Fundación.
La Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, no se quedó callada. El ente de control confirmó una vigilancia preventiva. El objetivo: verificar si los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y del Instituto de Patrimonio Cultural (IDPC) actuaron de manera oportuna frente a los cambios presuntamente no autorizados.
La palabra clave es «presuntamente». Nadie ha sido condenado. Pero la Procuraduría fue clara: proteger los BIC es un deber constitucional y legal de las autoridades. No es un favor. No es opcional.
Si hay evidencia de que los servidores públicos incumplieron esa tarea, la vigilancia preventiva podría convertirse en procesos disciplinarios. Es decir: la maquinaria burocrática que debía cuidar el patrimonio cultural del país podría terminar señalada por no hacerlo.
Que no te lo cuenten como un simple choque entre un propietario y unas escaleras. El fondo del asunto es otro: un aparato estatal que declara protecciones legales sobre la propiedad privada, exige controles estrictos a los ciudadanos, y luego no cumple su propia parte del contrato. El particular queda atado de manos por el BIC; el funcionario que debía vigilar, aparentemente, ni se inmutó hasta que un video se hizo viral.
El relato del Estado protector se cayó solo apenas alguien grabó con el celular. Si la Procuraduría confirma la negligencia, la pregunta que le queda a Bogotá es simple: ¿para qué sirve una regulación que nadie hace cumplir hasta que hay escándalo en redes sociales?
