Newsom firmó la ley la semana pasada. Entra en vigor el 1 de octubre. Se titula oficialmente «Privacidad para proveedores de servicios de apoyo a la inmigración». Protege las direcciones de esos proveedores, sus empleados y voluntarios. Castiga a quien publique sus imágenes en redes sociales.
El asambleísta republicano Carl DeMaio la rebautizó como «Stop Nick Shirley Act». Según él, la ley criminaliza el periodismo ciudadano. Dice que busca «silenciar a periodistas ciudadanos y proteger de la escrutinio público a organizaciones financiadas con impuestos». En sus palabras, la norma hace ilegal documentar fraude con fondos públicos y subirlo a internet.
DeMaio y una coalición de defensores de libertades civiles preparan una demanda. Ya cuentan con un demandante. Están armando los escritos legales. Buscan llevar el caso ante un juez «en cuestión de tiempo». Esperan que el Departamento de Justicia intervenga. Según DeMaio, se trata de una violación abierta a la Primera Enmienda.
DeMaio compara la situación de California con el escándalo de fraude en Minnesota. Según él, ese caso hace ver a Minnesota como «mala administración gubernamental de jardín de infantes». Afirma que ONG californianas reciben fondos públicos sin ofrecer servicios reales. Según DeMaio, en cambio organizan mítines, cosechan boletas y respaldan candidatos demócratas durante campañas. Las describe como «una extensión del Partido Demócrata».
Que no te lo cuenten como protección a la privacidad. Es un candado sobre la cámara del ciudadano que audita el gasto público. Cuando el Estado financia a una organización y luego prohíbe fotografiarla, protege a la burocracia, no a la gente.
El guion se repite. Primero se gasta el dinero del contribuyente sin control real. Después se criminaliza a quien lo destapa. Otra vez la doble vara: libertad para organizar, silencio forzado para quien pregunta adónde va el dinero.
